Del cianuro al nitrógeno, 100 años de ejecuciones con gas en Estados Unidos

El 7 de febrero de 1924 el estado de Nevada probó por primera vez el cianuro de hidrógeno para matar a Gee Jon, un inmigrante chino condenado por asesinato; un siglo después, Estados Unidos está experimentando otra vez con las ejecuciones con gas, esta vez con nitrógeno.

Entre la ejecución de Gee en 1924 y la de Kenneth Eugene Smith en Alabama hace apenas dos semanas, Estados Unidos ha matado con gas a cerca de 600 presos.

Gee, que tenía 29 años cuando fue ejecutado, había nacido en 1895 en la provincia china de Cantón y alrededor de 1908 emigró a los Estados Unidos afincándose en San Francisco (California), junto a muchos de sus compatriotas.

En San Francisco se afilió a Hip Sing Tong, una banda criminal que traficaba con licor y narcóticos y que se disputaba el control del territorio con Bing Kong Tong. El hombre al que mató la noche del 27 de agosto en Mina (Nevada) pertenecía a esta banda rival.

Tom Quong Kee, de 74 años y dueño de una lavandería en Mina, fue asesinado por Gee con un revólver Colt calibre 38.

Nevada introdujo el cianuro de hidrógeno como un método en teoría más humano que la silla eléctrica, que a su vez había dejado obsoletos los ahorcamientos.

A diferencia del nuevo método probado con Smith en Alabama, al que se le administró nitrógeno a través de una máscara quirúrgica, para ejecutar a Gee en 1924 se usó una cámara de gas, sellada y llena de cianuro de hidrógeno.

Durante la ejecución, los testigos fueron evacuados por miedo a que se estuviese filtrando el gas y los médicos de la cárcel no hicieron autopsia al muerto por si liberaba cianuro.

Las cámaras de gas se popularizaron en Estados Unidos después de la ejecución de Gee, pero después de la Segunda Guerra Mundial su uso empezó a decaer, quizás por su asociación al Holocausto.

Entre 1967 y 1977, en medio de una batalla legal sobre la pena de muerte, no hubo ejecuciones en Estados Unidos. Esa década se considera un antes y un después de la pena capital en el país norteamericano, siendo la actual la “era moderna”.

En esta “era moderna” han sido ejecutados 1.583 presos, el último de ellos Smith. De esos, 1.402 han muerto por inyección letal -introducida por primera vez en 1982 en Texas-, 163 electrocutados y solo 12 en una cámara de gas, además de tres fusilados y tres ahorcados.

Texas no fue solo el pionero en el uso de la inyección letal, sino que ha sido el estado que más presos ha matado desde 1977: 586. Le siguen a mucha distancia Oklahoma (123), Virginia (113) y Florida (105).

La pena de muerte sigue vigente en 27 de los 50 estados de la Unión, pero en la última década solo una docena han ejecutado: Texas, Oklahoma, Florida, Ohio, Misuri, Georgia, Arizona, Alabama, Virginia (ahora prohibida), Tennessee, Nebraska, Dakota del Sur y Arkansas.

También el Gobierno federal, que con Donald Trump (2017-2021) en la Casa Blanca mató a 13 presos en año y medio.

Aunque las inyecciones letales han sido mayoritarias desde 1982, Alabama decidió probar con la asfixia con gas nitrógeno ante la dificultad que han enfrentado en los últimos años los estados que aún usan la pena capital para adquirir los fármacos.

Las farmacéuticas, presionadas por activistas, se rehúsan a que sus productos sean usados con ese propósito.

Además, las complicaciones surgidas en varias ejecuciones en las que ha sido evidente el sufrimiento del preso, han hecho que se cuestione el método por inhumano y que haya sido objeto de disputas legales durante años.

Los estados llevan años pensando en alternativas a la inyección letal y de hecho, alguno como Utah -que no ejecuta desde 2010- ha reintroducido el escuadrón de fusilamiento como una posibilidad.

La ejecución de Smith, el conejillo de indias del gas nitrógeno, fue foco de atención de estos estados que ahora se plantean introducir también este método -aparentemente más humano y sin dificultades de suministro- para matar. De hecho, Oklahoma y Misisipi lo tienen aprobado.

A día de hoy quedan en el corredor de la muerte en Estados Unidos unos 2.300 presos, que esperan el día de su ejecución sin saber cómo van a morir.

 

 

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