Despilfarro dio a militares salida a las calles; preocupa tema fiscalización

* No se ha trabajado en una alternativa para regresar a los soldados a sus cuarteles

 

 

Tres lustros de dinero mal usado y la espiral de inseguridad y violencia en México explica la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública —tal como ya lo validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, con un “riesgo” para los derechos humanos, aseguraron a Excélsior un analista independiente y un abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Durante 13 años se despilfarró un multimillonario presupuesto federal etiquetado para seguridad; y a partir de 2021 de tajo se omitió el respectivo capítulo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), creado en 2007 como parte del programa México en Paz y en el contexto de la guerra al narcotráfico iniciada por el presidente Felipe Calderón el 11 de diciembre de 2006 en Michoacán. Uno de los principales sustentos para la modernización de la estructura nacional en materia de prevención y combate al delito.

Entre 2008 y 2020 el gobierno federal gastó 58 mil 770 millones 175 mil pesos en dos mecanismos —llamados subsidios—, que no consiguieron su objetivo: crear y capacitar a cuerpos policiacos civiles, eficaces, eficientes, confiables e incorruptibles, ante índices delictivos cada vez más al alza.

De acuerdo con datos oficiales, en 2008, la tasa nacional anual de delitos por cada 100 mil habitantes —homicidios dolosos, feminicidios, homicidios culposos, secuestro, extorsión, robo con violencia, violación, robo a casa habitación, narcomenudeo, trata de personas—, fue de 2 mil 311 y en 2020 se situaba en 2 mil 356.

A partir de 2021, el dinero federal para seguridad en ciertos municipios del país desapareció, sin ninguna explicación. Este hecho terminó por abrirle las puertas a los militares en tareas de seguridad pública, con un “riesgo” para los derechos humanos, afirmó el abogado Neftalí Pérez.

Los datos oficiales muestran que, en 2021, la tasa nacional anual de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 2 mil 524.

Javier Oliva, especialista en asuntos de seguridad, señaló que, “como cualquier decisión de esa magnitud —la que tomó la Corte—, tiene puntos a favor y puntos débiles. La debilidad está en que mientras vivamos en un centralismo fiscal en donde el margen de administración local específicamente en materia de seguridad pública, tanto de municipios como de estados de la República, se vuelve muy estrecho y depende siempre de la Federación”.

Oliva recordó que, en 2021, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados dejó sin presupuesto al Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que terminó por desaparecer.

El Fortaseg sustituyó en 2016 al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que operó a partir de 2008 y hasta 2014, y ejerció 34 mil 809 millones 175 mil pesos.

Información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) establece que durante los cuatro años de vigencia, el Fortaseg, entre 2016 y 2020 ejerció 23 mil 961 millones de pesos,

El gasto federal ejercido entre el Subsemun y el Fortaseg entre 2008 y 2020 fue de 58 mil 770 millones 175 mil pesos.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 ya no hubo dinero para este programa, igual que sucedió en 2022 y también para 2023.

Neftalí Pérez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que no se trabajó en la alternativa para regresar (en 2024) a los cuarteles a los elementos de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, establecido así en el acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020. Este acuerdo fue impugnado hace dos años por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y fue la controversia que resolvió la semana pasada la Corte.

“En el Centro Pro no somos ajenos al contexto de inseguridad y de violencia que vive el país; en

Javier Oliva sostuvo que la resolución de la SCJN “ratifica una mayoría constitucional que se dio en el Congreso, entendiendo el proceso constitucional y político, es decir, la aprobación, que es la extensión del quinto transitorio que da origen a la Guardia Nacional, llega aprobado por ambas cámaras con tres cuartas partes como lo establece el texto constitucional, entonces esto, por procedimiento fuera esta ley o cualquier otra, sería aprobada”.

Y se explica: primero es una iniciativa del Ejecutivo, luego el Poder Legislativo, ya con eso este procedimiento pues se dio el paso para la posibilidad que la Suprema Corte lo aprobara; me parece, aunque no es el término apropiado, era política y jurídicamente difícil que la Suprema Corte lo rechazara.

—¿Era irremediable entonces?

—Voy a dar un antecedente: aprobado por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobada por el Poder Legislativo y enviada a la Suprema Corte, la ley de seguridad interior fue declarada inconstitucional ya en el periodo del presidente López Obrador; entonces tampoco es que sea una regla. Esto es un ejemplo que tiene que ver con defensa, seguridad nacional, entonces esto sí lo hace polémico, por qué la Corte, con la ley de seguridad interior, con el mismo procedimiento constitucional, la deshecha, y por qué ahora en este caso si la aprueba, entonces la verdad es que nadie lo ha dicho, es un aval de lo que llegó del Poder Legislativo. No es que fuera fatal, la podrían haber echado para atrás, sobre todo teniendo procesos jurídicos y procedimentales para hacerlo, eso es lo que lo vuelve muy discutible.

Sobre la resolución de la Corte, Neftalí Pérez dijo que “nos preocupa la resolución de la Suprema Corte, porque no entró al análisis de lo que implica la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y esto lo que vino hacer es que se mantenga la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública hasta 2028; recordemos las reformas de septiembre ampliaron el plazo previsto de 5 años, y ahora lo llevaron hasta 2028, entonces vamos a tener en las calles a elementos de las Fuerzas Armadas haciéndose cargo de estas tareas de seguridad pública que nosotros, desde el Centro Pro, creemos que no cumplen con las condiciones establecidas por organismos internacionales y la propia Suprema Corte, de que sea extraordinaria, debidamente regulada, fiscalizada y complementaria.

El abogado del CentroProdh dijo que, en el organismo civil, contemplaron que la Corte no hizo un análisis profundo sobre si la Guardia Nacional y la fuerza armada permanente cumplen con esas condiciones.En el punto de regulado, sigue Pérez, creemos que este acuerdo validado por la Corte es un acuerdo breve, de cinco artículos y, además, estas normas, como las leyes secundarias, la ley sobre el uso de la fuerza, están impugnadas ante la Suprema Corte, no las han analizado desde hace más de dos años que fueron impugnadas.Pérez se refirió también al tema de controles internos: “Vemos contralorías de la Sedena, Semar y Guardia Nacional, dirigidos por militares, por lo que difícilmente inician investigaciones en contra de ellos mismos; un ejemplo es que la Guardia Nacional reconoce un evento de uso excesivo de la fuerza, mientras que está documentado por organizaciones civiles que han participado en más eventos en violaciones graves, como La Boquilla, en Chihuahua, a los migrantes en la frontera sur.

tonces, es posible la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero siempre que cumplan con las características de que sean extraordinarias, regulados, fiscalizado y complementario.

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