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SALUS POPULI … Ayer domingo 15 de enero, en todas las iglesias católicas del país, se llevó a cabo la jornada de oración por los periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos años, ya que “por cuarto año consecutivo, en el 2022 México se mantuvo como el país más peligroso para los profesionales de la información, al sumar 11 periodistas asesinados, tres más que en Ucrania”, difundió la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el organismo colegial de los Obispos mexicanos.
El CEM @IglesiaMexico incluso produjo un video de poco más de un minuto, dando a conocer esta jornada de oración dominical: https://youtu.be/pSjXotogglQ promoviendo la búsqueda de la paz que tanto anhelamos en México.
La acción de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que, por supuesto lleva “jiribilla”, pone el dedo en la llaga en unos de los temas más sentidos en nuestro país, la inseguridad y el asesinato de periodistas.
Para el caso, la iglesia se ha erigido como la institución que defiende lo más sagrado para el ser humano, la vida.
Salus populi suprema lex, ó “la salud del pueblo suprema ley”, frase atribuida a Cicerón y que es considerada como el primer principio del Derecho Público romano, es seguramente lo que anima al CEM, a los obispos mexicanos a realizar esta acción en el país del “yo tengo otros datos”.
Ante la actitud de esa entelequia llamada iglesia mexicana, llama la atención lo dispuesto en lo local para sustituir desde el primer día de este año 2023, al padre José Manuel Suazo Reyes como vocero de la Arquidiócesis de Xalapa y director del semanario “Alégrate”, que aquí entre nos, era muy leído sobre todo en la capital del estado.
Suazo Reyes, quien fue designado como vocero y titular de la Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa desde el año 2014, se distinguió en ese tiempo por sus comunicados dominicales, que abordaban insistentemente temas como la inseguridad, el aborto y hasta la cuestionada consulta popular promovida por el ciudadano presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en agosto del 2021, para someter a juicio a los expresidentes de la república.